La ministra Ortiz explicó que es deseable “tratar de enmendar y reiniciar las relaciones diplomáticas consulares, porque es muy alto el costo para Ecuador”.

Loretta Ortiz, experta en derecho internacional y actual ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que el allanamiento de la embajada mexicana en Quito por parte del gobierno de Ecuador puede llevar a que el país sudamericano quede en un aislamiento político, comercial y diplomático.

En entrevista para MILENIO Televisión, Ortiz explicó que lo ocurrido en la sede diplomática mexicana representó no solamente una violación a la Convención Internacional sobre Relaciones Diplomáticas de Viena, sino también a acuerdos en materia de asilo político, principalmente el acuerdo de Caracas de 1954.

Por ello, prevé que eventualmente “se va a quedar aislado Ecuador, se van a romper relaciones diplomáticas y consulares”.

En su calidad de especialista en derecho internacional, aseguró que “con base a esas normas, la Corte Internacional de Justicia se va a declarar competente y va a conocer este asunto”, en línea con lo anunciado con la cancillería mexicana sobre la presentación de una demanda ante la Corte en La Haya.

Para ello, la ministra explicó parte del artículo 22 de la Convención de Viena y cómo se podría aplicar al caso de la agresión de Ecuador.

“No podrás penetrar en ellos sin el consentimiento del jefe de la misión. El Estado receptor tiene la obligación especial de adoptar todas las medidas adecuadas para proteger los locales de la misión contra toda intrusión, daño, y evitar que se turbe la tranquilidad de la misión o se atente contra la dignidad”, detalló Ortiz Ahlf.
Sobre los antecedentes que podría sentar una resolución de La Haya, la ministra recordó la toma de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, Irán, por parte de estudiantes militantes del Islam, y que concluyó que Irán tuvo que compensar los daños y garantizar la no repetición.

Por lo tanto, con Ecuador siendo el principal perpetrador de la violación del acuerdo diplomático, Loretta Ortiz explicó que se faltó a principios “más que fundamentales del derecho internacional”, por lo que además de los alcances de la demanda penal internacional, espera la reacción de organismos, que podría ir desde sanciones por parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), suspensiones de derechos ante la Organización de Estados Americanos (OEA) hasta el término de acuerdos comerciales, incumplimiento de contratos y suspensiones de visas.
fuente:milenio noticias